Sus cuerpos, ¿territorio de quién?
Las adolescentes como titulares de derechos.

Por INCIDEJOVEN – RedLAC Guatemala

En 2017 el Congreso de la República de Guatemala prohíbe el matrimonio a menores de 18 años. Como feministas y defensoras de derechos sexuales y reproductivos nos alegró la noticia; en principio, suponía un paso vital en la lucha por la garantía de los derechos de las niñas y adolescentes, un gran avance.

Pasaron los meses y empezamos a hablar entre nosotras, con miedo de cuestionar lo incuestionable, con miedo de plantear la pregunta: ¿Quién decide sobre los cuerpos de las adolescentes?

«No podrán contraer matrimonio ni autorizarse de manera alguna el matrimonio de menores de dieciocho (18) años de edad». Decreto 13-2017 Guatemala

A primera vista parece incuestionable: las adolescentes deberían estar estudiando, haciendo planes para su futuro, soñando con viajar, amores… Las adolescentes no deberían ser esposas.

“Ser niño no es ser ‘menos adulto’, la niñez no es una etapa para la vida adulta.
La infancia y la adolescencia son formas de ser persona y que tienen igual valor que cualquier otra etapa de la vida.”
(Cillero Bruñol, 1999, citado en Viola, 2012: 82).

Reconocer la adolescencia como una etapa importante de la vida y a las adolescentes como sujetas, no objetos, implica reconocer que son titulares de derechos humanos y ciudadanas completas desde la niñez.

Tradicionalmente, las y los niños y adolescentes han sido considerados como pertenencia de la familia (Arnott, 2007:809), bajo la autoridad de sus padres quienes tienden a tomar las decisiones por ellos, en vez de con ellos. Tenemos que replantearnos cómo estamos entendiendo la “protección” a las adolescentes: ¿Desde la prohibición y el autoritarismo, tomando la idea tradicional sobre la existencia de una edad fija de mayoría de edad, considerando a las adolescentes propiedad de la familia, del Estado? o ¿Desde la comprensión, inclusión, respeto y la búsqueda de una vida digna para las adolescentes? ¿Estamos tomado en cuenta a las adolescentes en estos abordajes cómo personas sujetas de derechos, o como objeto de protección?

El matrimonio en adolescentes es un tema difícil de abordar desde la perspectiva de los derechos sexuales y derechos reproductivos y desde el paradigma de los derechos de las y los niños, que toma en cuenta la “autonomía progresiva”. Surgen muchas preguntas: ¿desde cuándo las adolescentes pueden decidir sobre sus cuerpos, sobre sus vidas y futuros?

No estamos a favor del matrimonio en la adolescencia, ni estamos de acuerdo en que se decida sobre nuestros cuerpos y vidas, en que nos roben la autonomía. Repensamos el tema desde otros ángulos, considerando tres puntos claves para el análisis:

  • Convención sobre los Derechos del Niño -CDN-
  • Autonomía progresiva
  • Interés superior del niño/a
Foto de Guatemala-INCIDEJOVEN

Convención sobre los Derechos del Niño

Al ratificar la CDN, el Estado de Guatemala reconoce (en teoría) a la niñez y adolescencia como titulares de derechos. Con los mismos derechos que las personas adultas (civiles, políticos, económicos y culturales), y además como titulares de derechos especiales, debido a que por su etapa de desarrollo necesitan una protección especial (Viola, 2012: 84). La CDN reconoce “de modo explícito la autonomía, la subjetividad del niño y el peso que su opinión puede y debe tener en las decisiones de los adultos en los procesos de cuales son parte”. Derecho a expresar su opinión y participar en la toma de decisiones (Novella, 2010: 300).

Es obligación del Estado garantizar que las adolescentes sean escuchadas y tomadas en cuenta en las decisiones que directamente les afectan. Desde ahí, nos preguntamos: Prohibir el matrimonio en adolescentes, sin analizar cada caso con sus particularidades ¿viola el derecho a “ser escuchadas” y a participar en la toma de las decisiones?

Legislar contra el matrimonio en menores de 18 años es apuntar a un síntoma, no al problema. En Guatemala la mayoría de las uniones en niñas y adolescentes son informales; establecer una edad mínima para contraer matrimonio civil no cambia mucho la situación.

Es cómo un placebo, fiel a la tradición y a la manera en la que el Estado aborda los problemas estructurales: legislando de manera superficial, desde la prohibición, sin abordar las cuestiones estructurales escondidas detrás de los síntomas, evidenciando la falta de garantía de los derechos de las adolescentes.

Al abordar el matrimonio en adolescentes como si fuese la causa de las violencias contra las adolescentes, oculta la responsabilidad del Estado de brindar a las adolescentes oportunidades, para que el matrimonio/unión no parezca la única salida de las condiciones violentas en las que se encuentran. 

Autonomía Progresiva

Es importante hacer una diferencia entre niñas y adolescentes. Diferenciar los ciclos de edad permite que abordemos de manera diferente las uniones que parten de la decisión de los cónyuges, de las uniones forzadas o sin consentimiento expreso, sobre todo en casos de niñas.

Reconocer a las personas adolescentes como sujetas de derechos implica dejar de considerarlas como personas incapaces de decidir y de opinar sobre asuntos que les afectan (Viola, 2012:89). El propósito de imponer límites al ejercicio de algunos de sus derechos es la protección, pero estos límites no se pueden utilizar para vulnerar sus derechos, sino para garantizarlos de una mejor manera. La protección debe empezar por crear condiciones que fomenten la toma de decisiones libres: no desde la prohibición.

El concepto de autonomía progresiva se refiere a la capacidad de las y los niños y adolescentes de tomar decisiones como un proceso gradual y cuando esta capacidad aumenta, también aumenta su autonomía y disminuye la autoridad de los padres o del Estado. En este sentido, las adolescentes toman decisiones de las opciones existentes: si no se les garantiza un conjunto de opciones viables, no nos debería sorprender que el matrimonio/unión les parezca un camino legítimo, si es “lo que hay”.

La capacidad de tomar decisiones responsables no es algo que mágicamente adquirimos al cumplir los 18 años, sobre todo si en toda la infancia y la adolescencia nos trataron como propiedad de los demás. El concepto de evolución de las facultades que se encuentra en la CDN, sirve para evitar establecer límites de edad o dar definiciones de madurez, ya que “el desarrollo del niño hacia la independencia debe ser respetado y promovido a lo largo de toda la infancia” (Casas-Becerra y Valenzuela-Rivera: 61).

El interés superior del niño/a

Para reflexionar adecuadamente es indispensable tomar en cuenta el interés superior del niño (reconocido en el artículo 3.1).  González y Durán, lo definen como “la protección de sus derechos reconocidos en el derecho internacional (derecho a la salud, vida, integridad, información, autonomía, igualdad, dignidad etc.)”. En ese sentido, el concepto de interés superior no puede ser utilizado para dar legitimidad a las decisiones tomadas por parte de los padres o Estado que violan los derechos establecidos en la CDN o la protección de los menores de edad.

El interés superior protege que las medidas y decisiones que involucren a las personas menores promuevan y protejan sus derechos y no los vulneran” (González y Durán: 23).

Nos parece vital considerar la prohibición del matrimonio en este marco: Prohibir sin considerar a las adolescentes como personas con derecho a participar en los asuntos que les afectan, implica seguir considerándolas como propiedad de los demás. El Estado tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de sus derechos, incluyendo una vida digna y oportunidades, para que el matrimonio no sea su única opción de escapar de condiciones de violencia y la pobreza.

Trabajemos con las niñas y adolescentes para que gradualmente aprendan a tomar decisiones, para que sepan que son titulares de derechos. Al cumplir los 18 años serán personas más empoderadas, con las herramientas necesarias para decidir libremente sobre su proyecto de vida. La capacidad de tomar decisiones libres y autónomas no es inherente, es aprendida.


INCIDEJOVEN es una organización integrada por mujeres y hombres jóvenes, para promover y defender los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos como Derechos Humanos. Su trabajo se centra en contribuir al reconocimiento y al aseguramiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos con base en el marco normativo internacional ratificado o aprobado por el Estado de Guatemala, los preceptos constitucionales y las leyes del país desde una perspectiva juvenil feminista